Chile avanza en proyecto de ley para endurecer sanciones por ingreso y propagación de plagas
El Congreso chileno dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la defensa sanitaria del país, luego de que el Senado aprobara y despachara a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley que busca sancionar penalmente la introducción y propagación de enfermedades animales y plagas vegetales. La iniciativa contempla penas de hasta cinco años de cárcel y multas que podrían superar las 1.000 UTM, marcando una señal relevante para el sector agrofrutícola.
El proyecto introduce modificaciones al marco legal vigente, incorporando en el Código Penal sanciones para quienes, de forma intencional y sin autorización, difundan plagas o enfermedades. Además, actualiza el decreto ley sobre protección agrícola, ampliando definiciones y reforzando el rol del Estado en la prevención y control de riesgos sanitarios que afectan tanto a la producción vegetal como animal.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es el fortalecimiento de las atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). La normativa amplía sus facultades de fiscalización y establece nuevas exigencias para el manejo de mercancías consideradas de riesgo, incluyendo sanciones para quienes transporten o comercialicen productos sin la debida trazabilidad o sin las autorizaciones correspondientes. Estas infracciones podrían ser castigadas con multas significativas, dependiendo de su gravedad.
El avance de esta iniciativa se da en un contexto marcado por el aumento del contrabando agropecuario y el ingreso ilegal de productos, factores que han sido vinculados con la proliferación de plagas como la mosca de la fruta. Desde el ámbito legislativo se ha advertido que esta problemática no solo compromete el patrimonio fito y zoosanitario del país, sino que también genera distorsiones en el mercado y eleva los costos de producción.
Las cifras recientes dan cuenta de la magnitud del desafío. Durante la temporada 2025-2026, el SAG ha debido gestionar decenas de brotes de mosca de la fruta a nivel nacional, con una parte importante aún bajo control. A ello se suma una inversión millonaria en labores de erradicación, lo que refuerza la necesidad de contar con herramientas legales más robustas para prevenir este tipo de amenazas.
Para el sector frutícola, la discusión trasciende el ámbito jurídico. La condición sanitaria de Chile es uno de los pilares de su competitividad exportadora, por lo que el endurecimiento de las sanciones es visto como una medida clave para resguardar mercados y proteger la producción. En este sentido, la defensa sanitaria comienza a consolidarse no solo como un desafío técnico, sino también como una prioridad legislativa y estratégica para el país.